Jesús María Ruiz.

Redacción. Sevilla
El Pleno del Parlamento andaluz ha aprobado, con el apoyo de IULV-CA y el voto en contra del PP-A, una proposición no de ley defendida por el PSOE-A en la que demanda a la Junta que inste al Gobierno de la Nación a derogar “de manera inmediata” el Real Decreto Ley sobre medidas en el sistema sanitario y a que garantice la sostenibilidad del mismo a través de una norma que consolide su carácter público, universal y gratuito. En defensa de la iniciativa, el diputado del PSOE-A Jesús María Ruiz ha considerado que la reforma llevada a cabo por el Gobierno de la Nación supone un “paso atrás en la universalización de la sanidad, dejando fuera de la cobertura a miles de personas”. Además, según ha apuntado, se introduce el copago sanitario, “especialmente agresivo” para los pensionistas y enfermos crónicos.

Para el diputado socialista este decreto supone también “un ataque directo” a las comunidades autónomas, que ven cómo se “menoscaba” su autonomía y su margen de maniobra de la prestación sanitaria, impide la incorporación de las medidas de ahorro, como el concurso de medicamentos andaluz y abre la vía que obliga a las comunidades a dar “pasos atrás” en derechos consolidados.

Por su parte, la diputada del PP-A Ana María Corredera ha afirmado que en los años que lleva como parlamentaria ésta es la iniciativa “más demagógica y más llena de falsedades e inexactitudes” que ha podido ver. En su opinión, ésta solo puede estar fundamentada en “la confrontación” con el Gobierno de la Nación y en querer “desviar la atención” de lo que está sucediendo en la sanidad andaluza, que está “incendiada”. Corredera ha explicado que el decreto del Gobierno no pretende recortar, “sino tapar el enorme agujero en la sanidad que dejó el Gobierno de Zapatero, de 16.000 millones”. “Son ustedes con su mala gestión quienes han puesto el sistema sanitario al borde de la quiebra”, ha apuntado la popular, que ha destacado que la deuda andaluza en materia sanitaria se ha “multiplicado por cinco” respecto a la cifra anunciada de 500 millones, "cuando han aflorado las facturas de los cajones para acogerse al plan de pago a proveedores". Finalmente, el diputado de IULV-CA Manuel Baena ha destacado que con este decreto se abre una vía hacia una sanidad “de asegurados” y se trata de hacer “menos atractivo” el uso de la sanidad pública por parte de las clases medias, que son las que “sostienen” el sistema.